El caso Romanillos: ¿caminos públicos o privados?

El caso de la Finca Romanillos saltó a los medios de comunicación en 2013, cuando la Asociación de Amigos de los Caminos denunció que los dueños de esta gran propiedad habían cerrado el paso a cuatro sendas y a la vía pecuaria Cordel Segoviano, que eran comúnmente utilizadas por ciclistas, senderistas y hasta personas a caballo. Debido a esta polémica el Ayuntamiento de Boadilla, gobernado por el PP, intentó recuperar estos caminos por considerarlos de uso público “desde tiempos inmemoriales”.

Esta hacienda de 823 hectáreas, de uso agrícola y ganadero, está situada entre los términos municipales de Boadilla del Monte y Majadahonda y a su alrededor se han desarrollado diversas urbanizaciones de lujo. La empresa Fuentes de Romanillos S.A. es su propietaria y sostiene que los caminos en cuestión son de propiedad privada y que la equivocación proviene de la actualización de senderos que realizó el Catastro entre 2007 y 2008, porque el catastro no es competente para ello, el único órgano que da la titularidad es el Registro de la Propiedad.

Desde Gap Rural nos ha parecido conveniente analizar este caso, pues se trata de un ejemplo que puede traer luz sobre cómo afrontar un proceso de recuperación de caminos públicos. Nos centraremos en el análisis de la última sentencia, la Nº 20/2017 del Juzgado de 1ª Instancia de Móstoles, de 14 de febrero de 2017, cuyo fallo fue favorable a los demandantes, los propietarios de la finca.

Magistrada-Juez: Dña. BEATRIZ MARTINEZ RODRIGUEZ.

Demandante: D. LUIS ESTEBAN FITZ-JAMES STUART GOMEZ, D. JACOBO HERNANDO FITZ-JAMES STUART GOMEZ, Dña. MARIA EUGENIA FITZ-JAMES STUART GOMEZ, D./Dña. CARMEN EUGENIA FITZ JAMES STUART GOMEZ. PROCURADOR: D. JOSE MIGUEL SAMPERE MENESES.

Demandado: AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. PROCURADORA Dña. ANA BELEN IZQUIERDO MANSO.

Fecha del Juicio: 17 y 19 de octubre de 2016, con asistencia de todas las partes, en el que se practicaron las pruebas propuestas y admitidas.

Objeto de la demanda: Que se declare que los caminos que forman las fincas registrales números […] son propiedad de los demandantes y se condene al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a entregar la posesión de los mismos a la actora, cesando por su parte en todo acto posesorio o que perturbe la legítima posesión del demandante. Asimismo solicita […] se declare la nulidad de la certificación de dominio a favor del Ayuntamiento […] las cancelaciones de las inscripciones de dominio de las fincas […] y se condene al Ayuntamiento […] a rectificar su inventario municipal de forma que se excluyan del mismo los caminos objeto de esta demanda.

> Acceso a la sentencia

Situación previa al juicio:

Según el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el litigio había comenzado en 2007, como consecuencia de un expediente de subsanación de discrepancias catastrales. Los caminos en disputa no se encontraban registrados en ese momento como tal. En 2014, Boadilla incluyó las sendas en el catastro y en el inventario de bienes municipales. Las vías afectadas son el camino de Romanillos a Brunete, el de la Vega, el de Romanillos a Villanueva de la Cañada, el del Huerto y el de Madrid a Romanillos.

En ese momento, el juzgado de Majadahonda dio la razón al Consistorio y ordenó como medida cautelar poner a disposición de los municipios afectados (Boadilla y Majadahonda) y de la Comunidad de Madrid los caminos cerrados, eliminando los obstáculos existentes. El auto confería al Ayuntamiento o ente público la gestión y dominio sobre caminos, candados y cadenas, siendo los únicos que podían proceder a su colocación, retirada, apertura, gestión y decisión sobre las mismas.

Requisitos establecidos por el Juez, según la jurisprudencia:

  • La presentación de un título que acredite la adquisición de la propiedad de la cosa.
  • La perfecta identificación de la misma de manera que no se susciten dudas racionales sobre cual sea.
  • Un tercer requisito en el caso de la acción reivindicatoria, cual es la posesión del bien por el demandado sin título para ello.

Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

Pruebas presentadas por la Propiedad:

Prueba nº 1.- Título de propiedad (Nota simple del Registro de la Propiedad).

El denominado mayorazgo de Romanillos, no se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad y fue inmatriculado en el mismo en fechas 14 de abtil y 18 de junio de 1889. Se describe como “Finca Rústica: el coto y término redondo de Romanillos, sito en término jurisdiccional de Boadilla del Monte, procede del Mayorazgo fundado el quince marzo de mil quinientos sesenta y dos por Don Pedro Fenández de Lodeña.

Se afirma en la demanda que, en su día, la finca Romanillos fue un término municipal propio, viviendo en su interior unos 20 empleados con sus familias, todos en edificaciones propiedad de los dueños de la finca, hasta que a principios del siglo XX pasó a formar parte del término municipal de Boadilla del Monte.

Tales afirmaciones se corresponden con la información que se desprende de las hojas kilométricas-catastrales del Instituto Geográfico de 1866 que se aporta como anexo 4 del infolme pericial aportado por la parte actora con su escrito de demanda.

En este sentido se expresa también D. Calixto Gallego que fue encargado de la finca Romanillos desde 1990 aproximadamente hasta que los propietarios pusieron un guarda “de verdad”. Dicho testigo, en el acto del juicio, declara que si bien él no vivía en la finca, si había familias que lo hacían, especialmente las personas de labor, llegando a habitar en el interior unas veinte familias.

Prueba nº 2.- Identificación de los bienes objeto de disputa.

Se realiza la identificación de la finca y posteriormente de los caminos objeto de disputa. A tal fin, se analizan las Hojas kilométricas de la Junta General de Estadística de 1866, especialmente la información contenida en la  Memoria de las mismas, coincidiendo la superficie y los linderos. Aparecen igualmente recogidos los caminos con sus nombres, señalando su correspondencia con las inscripciones registrales realizadas por el ayuntamiento.

A continuación se analiza la evolución del Catastro, desde el primer avance catastral de 1907 al catastro topográfico parcelario realizado en 1941 por el Instituto Geográfico y Catastral, la primera revisión catastral de Boadilla del Monte de 1987 y la segunda de 1995.

El análisis se centra en demostrar que la finca es una unidad, pasando de un único polígono catastral con sus caminos interiores a varios polígonos posteriormente, creados utilizando como linderos dichos caminos. En especial se centra en probar que estos caminos no tenían como finalidad comunicar poblaciones. Se argumenta que en caso de haber tenido una finalidad pública se habría realizado una expropiación o constituido una servidumbre de paso, cosa que no acreditado con la aportación de documento alguno.

En segundo lugar, se insiste en la integridad de la finca, comparando las distintas superficies que se recogen en los diferentes momentos, que se ha mantenido prácticamente inalterada.

Pruebas presentadas por el Ayuntamiento:

Prueba nº 1.- Instrucciones para la ejecución del Catastro Topográfico Parcelario.

Aunque no se aporta dicho documento, se expone en el escrito de contestación a la demanda que, según el apartado 30 de dicho documento editado en 1942, dedicado a “Superficies que no llevan número de parcela”, la numeración dada a los caminos está entre las superficies conocidas como “descuentos“, designadas con números romanos y que debían figurar después de la relación de características de las parcelas.

Establece dicho apartado que los caminos, sendas, álveos de ríos, barrancos, arroyos, acequias, etc., deben figurar inmediatamente después de las parcelas, es decir, al final de la relación de características, llevando numeración romana, expresando la superficie que se atribuye a aquellos detalles topográficos de un modo nominativo e individual, siempre que sea posible.

La suma total de todos esos detalles es la que bajo el nombre de “descuentos” figura en las últimas líneas de la relación de características para el cuadre de la superficie total del polígono y también para deducir la que tiene apreciaciones catastrares.

Continua afirmando el Ayuntamiento en su escrito de contestación, que de dicha norma se deduce que los caminos y otros detalles topográficos llevaban numeración romana por su carácter distinto al de las parcelas propiamente dichas y al de otras superficies que sí tenían el concepto de parcela al tener definida su propiedad, al contrario de lo que sucedía con los “descuentos”.

Sin embargo, aunque estos caminos aparecen señalados en los planos y en la pericial de los demandantes, el Ayuntamiento no presenta documentación alguna al respecto, solo las declaraciones de vecinos que fueron prestadas en el procedimiento penal al que se hace referencia en su escrito de contestación.

Aunque en los documentos de la pericial del demandante aparecen señalados los caminos con numeración romana y que algunos vienen definidos como descuentos en la ficha descriptiva y gráfica, no se considera suficiente para “considerar que sólo por ello tienen la consideración de dominio público”.

A esto se añade la exposición del informe pericial sobre el Avance Catastral de 1907, que refleja que la finca Romanillos es un único polígono […] con sus caminos interiores […]. Observando dichos planos se aprecia de forma clara que los caminos controvertidos están en el interior de la finca y forman parte de la misma, sin que se aprecie ningún signo de su titularidad pública. La subdivisión del polígono inicial utilizando los caminos “no puede alterar la naturaleza jurídica de tales caminos”. Se recuerda igualmente que el Catastro en tanto que registro público con fines administrativos o fiscales que no en el de derechos civiles ptivados, aunque pueden ser valorables, lo es con valor indiciario a conjugar con las restantes pruebas o elementos de juicio.

Prueba nº 2.- Titularidad pública desde tiempo inmemorial.

De lo actuado en el presente procedimiento no se desprende que el Ayuntamiento de Boadilla haya realizado acto alguno que pelmita inferir la naturaleza pública de tales caminos.

El primer acto de que se tiene constancia en relación con este extremo es el expediente de subsanación de discrepancias iniciado de oficio por el catastro en el año 2007. La Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas había establecido en su articulo 32 la obligación por parte de las Administraciones públicas de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, sin embargo, no es hasta el 30 de abril de 2013 cuando se inician los trámites para la inscripción de los caminos en el inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento, con un expediente de recuperación de oficio de la posesión de los caminos.

Se considera así que el Ayuntamiento no ha realizado ningún acto que implique ser el propietatio de dichos caminos desde tiempo inmemorial como se afirma. La inscripción de los caminos a favor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se produjo en fecha 4 de marzo de 2014. Lo anterior supone un claro incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la obligación impuesta por la norma citada que se contradice con la realización de actos propios de quien se considera titular de un bien.

Hasta ese momento no solo no había realizado actos propios de la titularidad de los caminos, sino que había incumplido la obligación que le imponía respecto de los mismos la Ley 33/2003 en sus artículos 32 y 36. No se comprende que, si el Ayuntamiento de Boadilla tenía la certeza y la claridad de que dichos caminos eran públicos, no hubiera procedido a dar cumplimiento a aquello a lo que venía obligado en plazo y no diez años después de la entrada en vigor de dicha norma y menos, teniendo en cuenta que, del documento 17 aportado con la demanda se desprende que los caminos hoy controvertidos son los únicos que figuran en el Inventario municipal.

La información testifical que se acompaña como única documental del escrito de contestación a la demanda resulta insuficiente a los efectos pretendidos. Las mismas obedecen a un movimiento vecinal que dio lugar, tal y como indica dicha resolución, a la presentación ante la Guardia Civil (y posterior ratificación ante el Juzgado) de denuncias idénticas, estereotipadas, impresas, alegando sin justificación alguna ser afectados por el vallado de la finca.

En segundo lugar porque las declaraciones prestadas en el acto del juicio por los testigos, D. Francisco Lázaro y D. Calixto Gallego, contradicen tales testificales poniendo de manifiesto que los caminos controvertidos han sido siempre para uso interno de la Finca Romanillos y que, cuando alguien ha intentado acceder a los mismos se les ha indicado que era una propiedad privada. La declaración de estos testigos se ha considerado creíble y dotada de objetividad.

Otro de los aspectos que se contradicen con la supuesta posesión inmemorial de los caminos que sustenta el título del Ayuntamiento es la cuestión relativa al mantenimiento de los caminos, que nunca ha sido asumido por el mismo, sino por los propietarios de la finca.

Algunas conclusiones:

Primera.-

Los demandantes ganaron el juicio gracias a la aportación de pruebas suficientes y bien documentadas, fundamentadas por un informe pericial elaboarado a tal fin.

Segunda.-

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte no aportó pruebas suficientes para argumentar sus pretensiones de titularidad por uso inmemorial de los caminos en disputa. Tampoco para probar que los mismos estuvieran considerados por el catastro como superficies de descuento.

Tercera.-

A lo largo del desarrollo argumental y en la exposición de las pruebas, el Perito de la parte demandante centró sus esfuerzos en demostrar que los caminos no salían del interior de la Finca Romanillos y que no conectaban poblaciones. Sin embargo, esta afirmación habría sido fácilmente cuestionable si se hubiera realizado un análisis detallado de la red de caminos entre Romanillos y los términos colindantes.

Un examen somero de la cartografía de 1889 puede inferir, por ejemplo, que el camino cuyo nombre es “de Romanillos a Madrid” sale del Término de Romanillos y se interna en el de Boardilla del Monte, en dirección a Madrid. Anteriormente, viene a dar continuidad a otro que viene de Villanueva de la Cañada y se encuentra con él en la Venta de San Antón.

Cuarta.-

El uso inmemorial es un argumento muy importante para la recuperación de caminos públicos, pero no puede ser el único, sobre todo en lugares como Romanillos, cuyo término y los colindantes cuentan con una cartografía de finales del siglo XIX. De ahí la importancia de realizar un trabajo concienzudo y contar con los técnicos competentes, que den apoyo y argumentos territoriales a los juristas, en procesos tan delicados como la confección del Inventario de Caminos Públicos municipal.

 

Fuentes: El Pais, Asociación de Amigos de los Caminos, elaboración propia.

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